Ana Milena Varón
Los Ángeles, 6 dic (EFE).- La propuesta del Gobierno federal de aumentar notablemente las tarifas de la mayoría de los servicios de inmigración está empujando a muchos migrantes a realizar a la carrera los trámites antes que los incrementos entren en efecto.
El nuevo plan del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que se encuentra en el periodo de comentarios públicos hasta el 16 de diciembre, incluye grandes alzas en trámites tan urgentes como la renovación del programa de Acción Diferida (DACA), que pasaría de 495 a 765 dólares.
“Llegue casi a las cuatro de la mañana y había una línea larga para poder tener asistencia (legal). Para ‘soñadores’ como yo es muy importante aprovechar la posibilidad de renovar el beneficio y ganar otros dos años”, dijo la joven Gloria Sánchez.
“Hay que adelantarse a las intenciones del presidente Trump con estos aumentos, que lo único que quiere es desalentarnos a hacer la renovación”, agregó.
La mexicana, de 25 años, logró hacer parte del grupo de casi 50 inmigrantes que recibieron asesoría en los tramites en la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) en Los Ángeles.
La organización ha enfocado sus esfuerzos en impulsar la renovación de DACA, incluso para “soñadores” a los que se les vence el amparo en diciembre del 2020.
Luis Alberto Pérez, director de Servicios Legales de CHIRLA, explicó a Efe que la falta de dinero es el mayor impedimento para que los “soñadores” realicen su renovación, y que el aumento en las tarifas podría convertirse en “el muro que impida que más personas renueven” el beneficio.
Los “soñadores” no son los únicos afectados con las alzas, los solicitantes de residencia permanente, ciudadanía y perdones por haber entrado de forma ilegal al país también se verán afectados con el plan de USCIS de encarecer los trámites.
El alza de un 83 % en la solicitud de la ciudadanía fue lo que motivo al mexicano Leoncio Hernández, de 58 años, a realizar los trámites para naturalizarse después de más de 25 años con la residencia permanente.
Este trámite se incrementa de 640 a 1.170 dólares por costes de naturalización.
“Son más de 500 dólares, es casi el cheque de trabajo de una semana, esa subida no es justa, pero ya sabemos que con Trump no se juega, así que espero que logre hacer todo el trámite esta semana”, advirtió el migrante, que reside en Los Ángeles.
Desde el anuncio del plan de aumentos en la segunda semana de noviembre, defensores de los migrantes están urgiendo a los residentes permanentes elegibles para que inicien su proceso de naturalización antes que el trámite suba de precio.
La agrupación National Partnership for New Americans (NPNA), que reúne a cerca de 40 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, hizo el llamado a nivel nacional para que los posibles afectados se adelanten al plan del Gobierno.
“Los aumentos son injustos y la intención de la propuesta es obviamente cerrar las puertas del sistema de inmigración y la ciudadanía a los pobres, los ancianos, los que tienen DACA, los que buscan refugio y otros que necesitan protección”, advirtió a Efe Diego Íñiguez-López, vocero de (NPNA).
Entre los afectados también están aquellos que deben renovar el permiso de trabajo, pues la tarifa sube de 410 a 490 dólares.
Vanessa Romero, vocera de la Asociación de Salvadoreños de Los Angeles (ASOSAL), dijo a Efe que ha visto un aumento en la afluencia de migrantes protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que buscan asesoría para renovar el permiso de trabajo, tras el anuncio del Gobierno de prolongar el amparo hasta enero del 2021.
Aunque la norma extiende automáticamente la validez del permiso de trabajo, expertos recomiendan realizar el trámite para que la tarjeta tenga la nueva fecha de vencimiento.
“Migrantes que trabajan como contratistas con el Gobierno, que tienen que viajar dentro de Estados Unidos, o pasan regularmente por donde hay funcionarios federales es mejor que tengan un permiso con la fecha impresa del 2021 para evitar problemas”, explica el abogado de inmigración Fernando Romo.
El plan de alzas también propone incrementar la solicitud de residencia permanente legal de 1.140 a 1.610 dólares.
Asimismo, la solicitud de cancelación de deportación pasaría de 285 dólares a 1.800, y también se establece una tarifa de 50 dólares para los solicitantes de asilo.
Sánchez, que se prepara para ir a la escuela de leyes, asegura que para migrantes como ella el aumento significaría un golpe al bolsillo para futuros trámites, y por eso envió un comentario público en oposición al plan.
“Aunque no seamos ciudadanos o residentes tenemos derecho a expresar nuestro desacuerdo, ojalá que no se implementen las alzas, pero soy pesimista”, puntualizó.
Después del 16 de diciembre cuando termina el plazo legal de comentarios públicos, el Gobierno anunciará si el alza entra en efecto, e informará de la fecha. EFE