Por Nadia Ramlagan | KPNS
Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha descubierto que Kentucky no proporciona acceso a servicios de salud mental comunitarios a las personas que los necesitan y, en cambio, depende demasiado de los hospitales psiquiátricos. El informe dice que el estado está potencialmente violando la Ley de Discapacidades (ADA).
La psicóloga licenciada Sheila Shuster, que forma parte de la Red de Acción de Defensa , dijo que años de recortes presupuestarios han reducido o eliminado los centros de crisis de la ciudad, como Living Room, que abrió sus puertas en 2018 y se cerró al año debido a la falta de fondos.
“De 300 a 400 personas al mes vinieron, usaron los servicios y obtuvieron referencias… Y luego, boom, desaparecieron. Eso fue en mayo de 2019 y no tenemos nada parecido en su lugar”, dijo Shuster.
El Hospital de la Universidad de Louisville brinda tratamiento psiquiátrico de emergencia a más de 2,200 adultos con enfermedades mentales graves cada año.
En una investigación independiente realizada el año pasado, el Departamento de Justicia concluyó que la ciudad y el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville violaron la ADA al someter a las personas con enfermedades mentales a una respuesta policial innecesaria.
Si bien el nuevo informe aumenta la conciencia sobre las necesidades de las personas que viven con enfermedades mentales, Shuster dijo que no capta el panorama completo.
Citó los cambios recientes que ha realizado la ciudad, como su programa de desvío de llamadas al 911 para incidentes relacionados con la salud mental, así como la opinión de las familias sobre el papel de la hospitalización.
Marcie Timmerman, directora ejecutiva de Mental Health America of Kentucky, dijo que el enfoque debería estar en la intervención y el tratamiento tempranos, para que las personas no terminen involucradas con la Policía. “Nos encantaría tener más proveedores disponibles”, dijo Timmerman.
Agregó que un sistema móvil de respuesta a crisis y programas de vivienda y apoyo financiados por Medicaid podrían ayudar a reducir la cantidad de personas que continúan pasando por la hospitalización y el sistema legal penal.