La histórica asignación de 45 mil millones de dólares aprobada por el Congreso en julio de 2025 para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no solo redefine la política migratoria a nivel nacional. También podría tener consecuencias directas para estados como Kentucky, donde las comunidades inmigrantes han crecido de manera constante en las últimas dos décadas.
Un informe del American Immigration Council, elaborado por el analista Aaron Reichlin-Melnick, detalla que ICE planea transformar por completo su sistema de detención mediante la compra y remodelación de almacenes industriales que funcionarían como centros federales de reclusión.
La iniciativa, denominada “Detention Reengineering Initiative”, busca que la agencia pase de depender principalmente de cárceles privadas y contratos locales a operar instalaciones propias a gran escala.
Aunque Kentucky no figura hasta ahora entre los estados donde ya se han adquirido almacenes, el impacto podría sentirse en la región. Actualmente, personas detenidas por asuntos migratorios en Kentucky suelen ser trasladadas a centros en varios condados y en otros estados, incluyendo instalaciones en el área de El Paso o en el sur del país. Con la expansión proyectada —que contempla 34 centros propios antes de septiembre de 2026— el mapa de detención podría reconfigurarse y acercar instalaciones a estados del Medio Oeste y el Valle de Ohio.
En que consiste el plan:
• 16 “centros de procesamiento” que albergarán entre 1,000 y 1,500 personas en almacenes remodelados, con estadías promedio de tres a siete días. Las personas serían enviadas allí poco después de ser arrestadas por ICE y posteriormente transferidas tras el procesamiento inicial o deportaciones rápidas en el caso de quienes decidan no impugnar su permanencia en el país.
• 8 centros de detención “de gran escala” que alojarán entre 7,000 y 10,000 personas en almacenes re acondicionados, con el objetivo de que la permanencia promedio sea menor a 60 días.
• 10 instalaciones “llave en mano”; es decir, cárceles y prisiones ya existentes que actualmente mantienen contratos con ICE para albergar a detenidos migratorios.
Reichlin-Melnick advierte que el nuevo modelo centralizaría la capacidad de detención en grandes complejos con espacio para entre 7,000 y 10,000 personas cada uno, además de centros de procesamiento donde los inmigrantes podrían permanecer solo unos días antes de ser deportados o transferidos. En estados como Kentucky, donde la presencia de ICE ha aumentado en coordinación con cárceles locales, es de temerse que una mayor infraestructura federal facilite operativos más amplios.
Organizaciones locales de apoyo a inmigrantes han expresado preocupación por el precedente que sienta esta inversión masiva. Señalan que el estado ya ha visto casos en los que personas arrestadas por infracciones menores terminan en procesos migratorios tras la notificación a autoridades federales. Con un sistema ampliado y más eficiente, el tiempo entre arresto y deportación podría reducirse significativamente.
Kentucky alberga varias instalaciones correccionales que ya han firmado contratos federales para albergar detenidos migratorios.
Si ICE decide comprar propiedades existentes bajo el nuevo plan, algunas de estas instalaciones podrían pasar a control federal directo, alterando la dinámica económica local y la supervisión estatal.
Para comunidades inmigrantes en ciudades como Louisville y Lexington, la pregunta no es solo cuánto crecerá la red de detención, sino qué significará para las familias mixtas, los trabajadores esenciales y los pequeños negocios que forman parte del tejido económico del estado.
El análisis del American Immigration Council concluye que esta reingeniería representa el mayor cambio en la historia moderna de la detención migratoria en Estados Unidos. En Kentucky, donde miles de familias viven con estatus migratorios diversos, ese cambio podría sentirse más cerca de casa de lo que muchos imaginan.