Tras varias postergaciones, análisis y especulaciones, este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) y el Gobierno de la cuidad anunciaron, finalmente, la firma definitiva de un “decreto de consentimiento”, el cual deberá ser puesto en marcha progresivamente.

Un decreto de consentimiento es un conjunto de pasos que se deberá implementar modernizar los procedimientos y la estructura policial, con el fin de evitar excesos y garantizar los derechos de los civiles. Este acuerdo nace de una auditoría realizada a LMPD, luego de la cuestionada operación que terminó con el asesinato de Breonna Taylor en 2020.

El documento es el resultado de más de 65 reuniones, además de innumerables llamadas telefónicas y revisiones que equivalen a miles de horas de trabajo.

En conferencia de prensa, el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, y el jefe de LMPD, Paul Humphrey, junto con la fiscal general adjunta de Derechos Civiles del DOJ, Kristen Clarke, explicaron que “todas las partes han firmado un decreto de consentimiento histórico”, que podría tardar en ejecutarse totalmente en cinco años o menos.

“La responsabilidad más básica del gobierno es mantener a nuestra gente segura, proteger los derechos constitucionales y tratar a todos de manera justa”, dijo Greenberg.

Señaló que desde el comienzo de las negociaciones se acordó cumplir con tres condiciones: que se contemplen las reformas policiales que se han llevado a cabo en los últimos dos años, que no se puede maniatar a la Policía en sus tareas para prevenir el crimen y que tenía que ser financieramente viable.

“El Departamento de Justicia vio las medidas que ya hemos tomado y nuestro compromiso de implementar agresivamente la reforma policial. Como resultado, tenemos un acuerdo que no se compara con ninguno de otra ciudad de Estados Unidos”.

En otras ciudades con este tipos de revisiones, las medidas han tardado diez años o más.

A diferencia de otras ciudades, explicó, Louisville no esperó a firmar un decreto de consentimiento para tomar medidas. “En los últimos dos años, el LMPD reescribió sus políticas, revisó sus procedimientos y reorganizó su departamento. Los oficiales están recibiendo más y mejor capacitación y atención”.

El comandante Humphrey afirmó que con lo hecho hasta ahora “ya estamos en camino de implementar muchos de los requisitos” previstos en el documento. “Me sentí cómodo al firmar esto porque nuestros oficiales tendrán una orientación clara y metas que cumplir, el Departamento de Justicia no puede cambiar los parámetros y nuestros oficiales pueden concentrarse en un buen trabajo policial, no en el papeleo”.

Según Greenberg, el departamento puede cumplir plenamente con la normativa en cinco años o menos.

“A los hombres y mujeres del LMPD, gracias por protegernos todos los días. Sé que están comprometidos con el servicio público y quieren hacer su trabajo de la manera correcta”, dijo. “Y a aquellos en nuestra comunidad que exigieron un cambio, gracias por alzar la voz. Su voluntad nos ayudó a llegar a este momento”.

Datos importantes

El Gobierno de la ciudad publicará en los próximos días la solicitud de calificación para los solicitantes interesados ​​en actuar como supervisores independientes del decreto de consentimiento. Será un proceso de selección público. Los solicitantes serán evaluados por la ciudad y por el Departamento de Justicia. La comunidad conocerá los nombres de los finalistas antes de que se tome una decisión.

Por otra parte, el comandante Humphrey asistirá a varias reuniones comunitarias para informar de primera mano los progresos de la institución que dirige. En el sitio web de LMPD se abrirá un tablero para que el público observe las acciones y actualizaciones.

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