Por Xavier Reyes
(English below)
Louisville KY.- Al igual que en el resto del país, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) emitió varios avisos de inspección dirigidos a varios propietarios de restaurantes y negocios latinos de Louisville. El objetivo: revisar la información de los empleados para saber si están autorizados para trabajar en Estados Unidos.
La HSI es una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y trabaja con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según el documento oficial —al que tuvo acceso Al Día en América—, la inspección consiste en la revisión de los formularios I-9, utilizados para verificar la identidad y elegibilidad laboral de los trabajadores.
De acuerdo con la Ley de Inmigración, todas las empresas están obligadas a completar este formulario. Allí constan los datos de la contratación: nombres, fechas, números de contactos, etc.
La agencia solicitó los formularios correspondientes a todos los empleados actuales (a la fecha de entrega del aviso) y los de aquellos que fueron despedidos en los últimos doce meses.
El aviso, fechado en marzo, informa a los negocios que tienen un plazo de tres días hábiles para cumplir con el pedido. Durante ese tiempo, el negocio podrá recabar y presentar los documentos originales o aquellos generados electrónicamente, así como cualquier otro respaldo solicitado.
El HSI advierte que no se podrán hacer modificaciones ni completar nuevos formularios después de la fecha en que se emitió el aviso.
Desconsuelo
La noticia de estos pedidos realizados por las agencias federales provocaron temor e indignación entre los empleados latinos, así como entre los emprendedores de los negocios.
Muchos, en medio del desconcierto, se juntaron para consultar con abogados alguna manera de evitar las eventuales deportaciones y sus consecuencias familiares y económicas.
Este tipo de inspecciones forman parte de los operativos de cumplimiento migratorio que ICE y el DHS llevan a cabo en distintos puntos del país en el marco de la ofensiva contra la inmigración lanzada por la administración de Donald Trump.
A mediados de este mes, el Departamento de Justicia informó de la operación ‘Take Back America’, que fue coordinada desde Louisville del 10 al 14 de marzo y que resultó en la detención de 81 personas.
De los detenidos, 25 enfrentan cargos por delitos de inmigración, como reingreso ilegal, posesión ilegal de armas y drogas. En el Distrito Oeste de Kentucky, 53 indocumentados fueron arrestados por razones administrativas, y 18 tienen cargos criminales.
De acuerdo a la base de datos de la cárcel del Condado Oldham, los arrestos por faltas migratorias continuan a diario en la region.
English version
ICE Demands Employee Lists from Latino Businesses in Louisville
By Xavier Reyes and Jose Donis
LOUISVILLE — Mirroring nationwide enforcement actions, Homeland Security Investigations (HSI) has served inspection notices to multiple Latino restaurant owners and businesses in Louisville. The operation aims to verify employees’ work authorization status in the United States.
As the investigative arm of the Department of Homeland Security (DHS), HSI is conducting these audits in coordination with Immigration and Customs Enforcement (ICE). According to official documents obtained by Al Día en América, the inspections specifically target Form I-9 records, which employers are legally required to maintain for all hires to verify identity and employment eligibility.
The notices demand complete I-9 documentation for all current employees (as of the notice date) plus any workers terminated within the previous 12 months. These forms typically contain hiring details including full names, employment dates, and contact information.
Businesses received the notices in March with a strict three-business-day compliance window. Establishments may submit original documents, electronic records, or any supplementary materials requested. HSI explicitly prohibits any form alterations or new submissions after the notice issuance date.
Community Alarm
The federal action has sparked fear and anger throughout Louisville’s Latino community, with both workers and business owners expressing outrage. Many have urgently sought legal counsel, hoping to mitigate potential deportations and their devastating economic and familial consequences.
These audits represent part of broader immigration enforcement operations under the Trump administration’s crackdown. The initiative follows “Operation Take Back America,” a Louisville-coordinated sweep from March 10-14 that resulted in 81 arrests across the region.
Justice Department records show 25 detainees face immigration-related criminal charges including illegal reentry, weapons violations, and drug offenses. In Western Kentucky, authorities took 53 undocumented immigrants into custody for administrative violations, while 18 others face criminal charges. Oldham County jail logs confirm immigration arrests continue daily throughout the area.