Por Divia Karthikeyan | WFPL news

La mayoría de los 234 proyectos de ley que se aprobaron durante la sesión legislativa de Kentucky en el 2022 entraron en vigencia desde el jueves 14 de julio.

 Las medidas incluyen leyes que se ocupan de la justicia penal, la asistencia pública, la policía escolar y los estudiantes atletas transgénero.

Las leyes entran en vigencia 90 días después del final de cada sesión legislativa anual, a menos que tengan fechas de vigencia especiales. Dado que la Asamblea General de este año concluyó el 14 de abril, la mayoría de las nuevas leyes entraro en vigencia el 14 de julio.

Pero varios proyectos de ley importantes incluían una «cláusula de emergencia» que los activó de inmediato, incluidas medidas que pusieron fin al estado de emergencia relacionado con el coronavirus, establecieron requisitos sobre cómo los maestros hablan sobre raza e historia en el aula y pusieron a revisión el código fiscal del estado.

La legislatura también aprobó varios proyectos de ley con cláusulas de emergencia que se han bloqueado temporalmente en medio de desafíos legales: planes de redistribución de distritos trazados por los republicanos y un proyecto de ley radical contra el aborto que prohíbe el envío de medicamentos para abortar por correo.

Estas son algunas de las leyes que entraron en virgor desde el 14 de julio:

Escuelas chárter: El Proyecto de Ley 9 de la Cámara de Representantes establece un modelo de financiación para las escuelas chárter. Kentucky aprobó por primera vez un proyecto de ley de escuelas chárter en 2017, pero los legisladores nunca aprobaron un mecanismo de financiación permanente.

Las escuelas chárter han sido especialmente controvertidas en las áreas rurales, en medio de preocupaciones de que las escuelas financiadas con fondos públicos pero administradas de forma privada agotarían los fondos públicos de las escuelas públicas tradicionales y paralizarían los distritos locales.

La ley también ordena la creación de dos proyectos piloto de escuelas chárter en Louisville y el norte de Kentucky y cambia el proceso de apelación si los funcionarios de educación niegan una solicitud para una nueva escuela chárter.

Requisitos para los beneficios públicos: el Proyecto de Ley 7 de la Cámara de Representantes crea nuevos requisitos para las personas que reciben beneficios públicos como asistencia alimentaria o Medicaid. El proyecto de ley instruye al gabinete de salud de Kentucky a crear un sistema de requisitos de trabajo para que las personas demuestren que están trabajando, siendo voluntarias o haciendo servicio comunitario para mantener los beneficios. También crea penas más duras para las personas que utilizan indebidamente la asistencia alimentaria.

Kentucky tiene más de 1,6 millones de personas en Medicaid y 544.000 personas que reciben asistencia alimentaria, también conocida como SNAP.

Prohibición de que las niñas trans participen en los deportes femeninos: según el proyecto de ley 83 del Senado, las niñas transgénero desde el sexto grado hasta la universidad tendrán prohibido competir en equipos deportivos femeninos y femeninos.

Se han bloqueado leyes similares en otros estados, pero nadie ha impugnado la nueva medida de Kentucky todavía.

Requisitos de comentario público escolar El Proyecto de Ley 121 de la Cámara requiere un período de comentario público de al menos 15 minutos en las reuniones de la junta escolar local.

El proyecto de ley se presentó en respuesta a acaloradas discusiones en las reuniones de la junta escolar sobre la mitigación de COVID-19 y las políticas de la llamada «teoría crítica de la raza».

Policía escolar: el proyecto de ley 63 de la Cámara de Representantes pide a los distritos escolares locales que coloquen un oficial de recursos escolares en cada campus para agosto, aunque la política no reserva fondos para las escuelas que no pueden pagar uno.

Contra la “Teoría de la Raza Crítica”: El Proyecto de Ley 1 del Senado cambiaría el poder de los consejos de toma de decisiones basados ​​en las escuelas locales a los superintendentes de distrito al tomar decisiones sobre el currículo y el personal.

El proyecto de ley fue enmendado tarde en la sesión legislativa, agregando lenguaje para dictar cómo los maestros hablan sobre la raza y la historia de los EE. UU. en el salón de clases.

Requiere que los maestros instruyan a partir de una lista de discursos y documentos, incluido el discurso «A Time For Choosing» de Ronald Reagan de 1964, en el que critica los programas de asistencia social.

 Y también advierte a los maestros “que definir las disparidades raciales únicamente en el legado de [la esclavitud y Jim Crow] es destructivo para la unificación de nuestra nación”.

Sobredosis de drogas: en un intento por tomar medidas enérgicas contra las sobredosis y el uso de fentanilo en el estado, la Ley de Dalton aumenta el tiempo de cárcel para los condenados por tráfico de fentanilo y convierte la importación de la droga en un delito grave.

Tratamiento de drogas: el Proyecto de Ley 90 del Senado establece programas piloto en 10 condados que darían a las personas condenadas por algunos cargos de drogas de bajo nivel opciones para mantenerse fuera de la cárcel.

El proyecto de ley permite a los tribunales mitigar las sentencias o desestimar los cargos de los delincuentes de bajo nivel en función de su participación en el tratamiento de drogas y los servicios vocacionales.

Prohibición de la pena de muerte para algunos enfermos mentales: el proyecto de ley 269 de la Cámara de Representantes agrega enfermedades mentales graves a la lista de discapacidades que descalifican a los delincuentes para la ejecución. La prohibición de la pena de muerte se aplicaría a las personas diagnosticadas con esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar o trastorno delirante.

Proyecto de ley anti-SLAPP: El Proyecto de Ley 222 de la Cámara de Representantes es un esfuerzo bipartidista que otorga a los jueces más discreción para desestimar demandas frívolas que limitan la libertad de expresión de los críticos. Los partidarios del proyecto de ley dicen que los desafíos legales, denominados «Demandas estratégicas contra la participación pública», a menudo son presentados por empresas o individuos adinerados para intimidar a los críticos.

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