Acorralado, pero con un recurso de último momento, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, esta mañana emitió el Decreto Ejecutivo 741 con el que disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones anticipadas, una opción contemplada en la Constitución del país sudamericano.
La decisión llega en pleno juicio político al que estaba sometido el mandatario, bajo la acusación de peculado; es decir, malversación de fondos públicos en un contrato de la estatal Flopec, Flota Petrolera Ecuatoriana.
Lasso, banquero conservador, fundador del movimiento de derecha CREO, gobierna desde el 2021, tras dos intentos fallidos por alcanzar la Presidencia.
Fin a la guerra fría
Dos temas a considerar del juicio político con el que se pretendía la destitución de Lasso:
- La acusación de peculado carece de una sentencia judicial (ningún juez u organismo de control ha determinado su participación en dicho contrato) y, segundo, la mayoría legislativa que pedía su cabeza está conformada por el Partido Social Cristiano (PSC), liderada por Jaime Nebot, y el Movimiento Unión por la Esperanza (Unes), controlado por el expresidente Rafael Correa.
- El PSC, ubicado en el populismo de derecha, apoyó a Lasso a llegar a Carondelet, pero al poco tiempo se convirtió en su principal opositor, en alianza con el correísmo, representante del Socialismo del Siglo XXI, que siempre intentó bloquear al gobierno.
Lasso ha dicho que tanto el PSC como Unes no le perdonaron el haberse negado a un pacto para repartir el poder y permitir el regreso a Ecuador de Rafael Correa, quien está prófugo de la justicia ecuatoriana y vive en Bélgica, de donde es oriunda su esposa.
Sin embargo, en los dos años de gobierno, Lasso perdió respaldo popular, cayendo en las encuestas por su cuestionable gestión para frenar el narcotráfico, la violencia en las calles y el desempleo, así como por su inacción en los casos de corrupción de su círculo cercano, que incluye a su cuñado Danilo Carrera, acusado de liderar desde afuera una red de influencias.
Desde el 2021, Lasso pudo sortear el escándalo de los Pandora Papers, que revelaron que siendo candidato tenía inversiones en paraísos fiscales (lo que está prohibido por la legislación ecuatoriana) y las movilizaciones masivas convocadas en junio de 2022 por el movimiento indígena (Conaie), afín a las tesis del Socialismo del Siglo XXI.
Con la mayoría legislativa en contra y sin apoyo ciudadano, el presidente ha gobernado el país pendiendo de un hilo. Ni los cambios de los ministros de la política ni sus esfuerzos por posicionar su gestión ante una Asamblea también desprestigiada pudieron calmar las aguas. Lasso se quedó solamente agarrado de una opción: lo que en Ecuador ha sido denominado como la muerte cruzada.
¿Qué es la muerte cruzada?
La llamada muerte cruzada es una figura legal (artículo 148 de la Constitución) que le permite al Presidente de la República disolver la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas, entre otros, con el argumento de “grave crisis política y conmoción interna”.
La figura legal dice literal y expresamente:
Art. 148. La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.
Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato.
En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.
Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretosleyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo.
Nota:
Conforme lo dispone la Sentencia Interpretativa 00210SICCC (R.O. 294S, 6X2010), se entenderá que las elecciones tanto legislativas como presidenciales convocadas por el Consejo Nacional Electoral son para completar el resto de los respectivos períodos, sin que pueda entenderse que se trata de un nuevo período regular imputable para el caso de la reelección. La facultad de disolución de la Asamblea Nacional solo podrá ejercerse por una sola vez dentro de los tres primeros años del mandato presidencial, sin que pueda volver a ejercitarse este mecanismo en el período restante del ejercicio que resulte como consecuencia de dicha disolución, puesto que no se trata de un nuevo período o período regular, sino de la culminación de uno anterior CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
En el Decreto 741, suscrito esta mañana, Lasso le notifica al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoque a elecciones anticipadas para asambleístas y Presidente de la República con el fin de que cumplan el periodo de gobierno que concluye en mayo del 2025.
En 90 días podrían darse esas elecciones y hasta la posesión de las nuevas dignidades se estima que pasen unos seis meses. Ese sería el tiempo que Lasso tendría para gobernar mediante decreto.
Reacciones
La oposición al gobierno de Lasso estuvo concentrada en tres nombres: Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Iza, presidente de la Conaie. A ellos, el presidente los calificó como el “triunvirato de la conspiración”.
De hecho, estos tres personajes impulsaron el juicio político y han sido protagonistas del bloqueo para sacarlo del poder.
Luego de que el Decreto 741 entró en vigor y echó por la borda su plan de destitución, su reacción fue contundente en contra del mandatario.
Rafael Correa, quien desde que dejó el poder en el 2017 ha pedido constantemente la salida de sus predecesores, Lenín Moreno y Guillemo Lasso, reaccionó en Twitter señalando que la aplicación de la “muerte cruzada” (de paso, incluida en la Constitución por él en el 2008) es ilegal.
Jaime Nebot, en un comunicado, rechazó la estrategia del Ejecutivo y sostuvo que “en lo político y en la práctica, el Presidente se ha declarado dictador, aunque sea por corto tiempo”
Leonidas Iza calificó a la decisión de Lasso como un “cobarde autogolpe de Estado con ayuda de Policía y FFAA, sin apoyo ciudadano”.
Expectativas
Durante la mañana, las instalaciones de la Asamblea Nacional fueron militarizadas para impedir a los legisladores su ingreso, pues la disolución dispuesta en el Decreto 741 es de inmediata ejecución.
En ese sentido, las Fuerzas Armadas se pronunciaron en respaldo a la decisión de la “muerte cruzada” y aseguraron que garantizarán el orden democrático.