R.G. Dunlop I KyCIR LPM
Antes del amanecer del 3 de enero, el representante estatal Jared Bauman tenía una pregunta para la Comisión de Ética Legislativa de Kentucky. Él quería patrocinar y votar una legislación que pudiera beneficiar a su empleador. ¿Le estaba permitido hacer eso?
Bauman es empleado de Lubrizol Corp., una empresa de productos químicos especializados ubicada en el complejo industrial Rubbertown, en el oeste de Louisville.
La intención del proyecto de ley que quería presentar era permitir que las empresas de Louisville, como Lubrizol, evitaran sanciones civiles si informaban voluntariamente sobre contaminación u otras infracciones y hacían las correcciones necesarias, un enfoque similar a la ley estatal que ya se aplica a otros condados en el estado.
Laura Hendrix, directora ejecutiva de la comisión, respondió a la solicitud de Bauman, diciéndole que debido a que su propuesta de ley afectaría a “otras empresas en situación similar de la misma manera” que se aplicaba a Lubrizol, no había ningún conflicto de intereses.
Así que ese mismo día, Bauman presentó el Proyecto de Ley 136 de la Cámara .
Cuatro autoridades en ética legislativa dijeron al Centro de Reportajes de Investigación de Kentucky que si bien la participación de Bauman en el proyecto de ley puede no violar la ley estatal, resalta las preguntas que surgen cuando existe la percepción de un conflicto:
¿Cuáles son los motivos detrás de la legislación? ¿Quién se beneficia? ¿Cumplen los legisladores un estándar de transparencia que promueva la confianza en el gobierno?
En el caso de Bauman, las autoridades legislativas de ética identificaron varias preocupaciones. Y la mera apariencia de una posible incorrección es la principal de ellas.
“La percepción pública puede ser que todos los legisladores están en Frankfort haciendo favores a sus socios comerciales, amigos y contribuyentes de campaña”, dijo John Schaaf, exdirector ejecutivo de la Comisión de Ética Legislativa, quien se jubiló en 2019.
Schaaf estuvo de acuerdo con la opinión de la comisión de que Bauman probablemente no esté violando la ley al patrocinar el proyecto de ley. Sin embargo, también expresó su preocupación de que los legisladores que patrocinan proyectos de ley que benefician a sus empleadores privados puedan socavar la confianza pública en todos los legisladores y en la institución de la Asamblea General.
Lo que está haciendo Bauman no es inusual. En todo el país, los legisladores estatales introducen y apoyan políticas que ayudan directa e indirectamente a sus propios negocios, empleadores y finanzas personales, según un informe de 2017 del Centro para la Integridad Pública, un medio de noticias sin fines de lucro con sede en Washington, DC.
El informe encontró que los legisladores a menudo desdibujan la línea entre los negocios públicos y las finanzas personales.
Un año después, periodistas de ProPublica, una organización de noticias sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, descubrieron que pocos estados tienen reglas que prohíben a los legisladores presentar proyectos de ley que beneficien sus propios intereses financieros.
Bauman, un republicano que representa el distrito legislativo 28 en el suroeste del condado de Jefferson, no respondió a media docena de solicitudes de KyCIR para discutir la HB 136 y las cuestiones éticas relacionadas con su participación en ella.
Un formulario de declaración financiera que Bauman presentó ante la comisión de ética en enero de 2023 lo enumera como el “gerente de excelencia operativa” de Lubrizol.
Olivia Tormento, portavoz corporativa de Lubrizol con sede en Ohio, dijo que las decisiones que Bauman “toma para patrocinar o apoyar la legislación propuesta son sólo suyas. Jared no busca la opinión de Lubrizol ni discute la legislación propuesta con nadie en Lubrizol”.
Tormento no respondió a las preguntas de KyCIR, incluido si la empresa solicitó u ordenó a Bauman que presentara la HB 136, o si Lubrizol compensó a Bauman, financieramente o de otro modo, por su apoyo a la legislación.
Generalmente es una mala idea que los legisladores impulsen proyectos de ley que podrían beneficiar a su empleador, dijo Richard W. Painter, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Minnesota y principal abogado de ética del presidente George W. Bush de 2005 a 2007. Hacerlo permitiría que los legisladores sean susceptibles a acusaciones de apoyar proyectos de ley a cambio de recompensas o incentivos en el trabajo, dijo Painter. “Podría ser un gran desastre”, dijo.
Durante una audiencia del comité legislativo el 18 de enero , Bauman evadió preguntas sobre su trabajo en Lubrizol.
Cuando un colega legislador le preguntó a Bauman durante la audiencia si se beneficiaría de la legislación o si trabajaría para una empresa que lo haría, respondió: “Creo que realmente no sé cómo responder a eso”. Luego le preguntaron el nombre de su empleador y respondió: “No creo que eso sea relevante”.
Bauman debería haber revelado inmediatamente a sus colegas legisladores que trabaja para una empresa que podría beneficiarse de su proyecto de ley, señaló Norman Ornstein, miembro emérito del American Enterprise Institute, una organización de investigación no partidista y sin fines de lucro con sede en Washington DC.
Ornstein dijo que los legisladores deben ser honestos acerca de su participación con empresas o individuos que podrían beneficiarse de la legislación, para que todos, dentro y fuera de la legislatura, puedan evaluar el papel y el motivo de los legisladores.
“¿Por qué no diría usted abiertamente los hechos que involucran su propio interés en esta legislación? Porque hay indirectamente un interés propio”, agregó Ornstein. “Esto está en un lugar sombrío y no cumple con los estándares que espero que se vean en una legislatura”.
Ornstein, que ayudó a crear la Oficina de Ética del Congreso de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2008, dijo que el argumento de que no hay ningún conflicto de intereses con Bauman impulsando el proyecto de ley porque podría afectar a otras empresas además de la suya es “un fundamento bastante inestable”.
La empresa
Lubrizol Advanced Materials está ubicado en Bells Lane en Rubbertown, una sección de la ciudad que durante mucho tiempo ha estado sujeta a elevados niveles de contaminación.
Un informe reciente sobre equidad en salud publicado por el Gobierno Metropolitano de Louisville muestra que los residentes de las áreas circundantes a Rubbertown tienen tasas más altas de cáncer y menores expectativas de vida que otras áreas de la ciudad.
Las emisiones de Lubrizol y otras empresas están reguladas por el Distrito Metropolitano de Control de la Contaminación del Aire (APCD, por sus siglas en inglés) de Louisville, que implementa leyes y regulaciones federales, estatales y locales sobre la contaminación del aire.
Los registros de la APCD del Metro Louisville muestran que Lubrizol ha informado al menos media docena de incidentes, incluidas fugas de productos químicos, desde 2020. Pero el portavoz de la APCD, Matt Mudd, le dijo a KyCIR que la empresa “tomó medidas correctivas inmediatas” cada vez y que las “fugas , si las hubo, fueron en pequeñas cantidades que no causaron una violación de ninguna norma numérica”. Como resultado, dijo Mudd, no se tomó ninguna medida coercitiva.
La HB 136 de Bauman fue aprobada por la Cámara de Representantes del estado el 23 de enero con una votación de 80 a 12, con una enmienda que establece que un incidente reportado “no debe ser parte de un patrón de violaciones que hayan ocurrido en los últimos cinco años en una instalación o instalaciones de propiedad por la misma entidad”. La enmienda no detalla lo que constituiría un patrón de violaciones.
El proyecto de ley está actualmente pendiente ante el comité de gobierno estatal y local del Senado de Kentucky.
Danielle Caputo, abogada que trabaja en el equipo de ética del Campaign Legal Center en Washington, DC, dijo que el proyecto de ley de Bauman plantea una pregunta sobre su enfoque como legislador: ¿está haciendo esto para la gente de su distrito o para las empresas reguladas, incluido Lubrizol?
“Definitivamente surge la pregunta de por qué patrocina esta legislación”, dijo. “Si realmente es para el beneficio de Kentucky en general, o para beneficiar a personas que él conoce a nivel privado”.