Plan de reformas a la Policía de Louisville, entra a la recta final
Por José Donis
El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, y la jefa de la Policía Metropolitana (LMPD, por sus siglas en inglés), Jacquelyn Gwinn-Villaroel, dieron a conocer un borrador de lo que será la reforma policial exigida por el Departamento de Justicia (DOJ).
Las autoridades tienen previsto aprobar el decreto definitivo en los próximos meses, una vez que concluyan con todos los detalles que permitan su implementación.
Según el tablero de control de reformas de la Policía, el 81% de las recomendaciones del DOJ ya están en marcha.
El nuevo decreto debe ser aprobado por el Gobierno municipal —del cual LMPD es parte— y convertirá en la nueva hoja de ruta para la reforma policial en Louisville.
Este proyecto es la consecuencia de varias investigaciones a nivel federal derivadas del asesinato de Breonna Taylor, en el 2020, a manos de los uniformados.
La investigación del DOJ descubrió que en este caso la Policía mintió en sus reportes y actuó, muchas veces de forma indiscriminada, violando flagrantemente los derechos civiles de algunos de los residentes de Louisville, especialmente de la población negra.
Lo hacen público
De acuerdo con un comunicado de la oficina del alcalde, el Departamento de Justicia había recomendado no hacer público aún el documento. Sin embargo, Greenberg y la jefa de LMPD decidieron compartir el documento, incluyendo todo su proceso de elaboración, argumentando “el compromiso de ser transparentes” ante la ciudadanía.
En marzo del 2023, el Departamento de Justicia publicó un documento en el que se revelaron cuestionables prácticas de LMPD, las cuales, se señalaba, violaban de manera habitual los derechos civiles de las personas.
El alcalde Greenberg dijo al inicio de su administración que las reformas a la Policía eran una prioridad para la ciudad.
Ahora, el nuevo decreto contempla todas las medidas que el Departamento de Justicia dispone que se implementen. Después de ser firmado por la ciudad, las reformas estarían bajo la supervisión de un Juez Federal.
Entre las medidas a tomarse está la implementación de mecanismos para que la comunidad participe en las reformas, de acuerdo con el principio de las dos partes, concretado el año pasado.
La jefa de LMPD declaró tener plena confianza en sus colegas oficiales y en su compromiso por proteger a nuestra comunidad, así como en la necesidad de construir y reparar la confianza perdida.