El 9 de agosto de 2023, la Oficina de Escuelas Públicas del Condado de Jefferson (JCPS, por sus siglas en inglés) experimentó una de las mayores crisis en sus 74 años de historia: desde el primer día de clases, su plan de transporte escolar para más de 60,000 niños colapsó.
Este caos provocó que muchos niños terminen afectados por viajes de horas en medio de un calor insoportable, que hubiera decenas de padres llamando a la Policía para denunciar la desaparición de sus hijos o que conductores dejaran a los niños en barrios desconocidos.
Aún no está claro exactamente qué sucedió ese desastroso día. Louisville Public Media (LPM News) considera que JCPS está ocultando las comunicaciones entre los altos funcionarios ese día.
Las leyes de registros abiertos de Kentucky permiten que cualquier persona pueda obtener la mayoría de los registros gubernamentales y, por tanto, exigen que la agencia responda dentro de los cinco días.
Esta semana, los abogados de LPM presentaron una demanda en el Tribunal de Circuito del Condado de Jefferson exigiendo que JCPS entregue los registros públicos, pues que creen que el distrito los ha estado reteniendo ilegalmente desde el 10 de agosto.
“El público tiene absolutamente el derecho de saber qué estaba haciendo JCPS en medio de la crisis del transporte, cuando las familias y los niños quedaron varados y sin recursos”, dijo Mike Abate, un abogado de la Primera Enmienda que representa a LPM en el caso.
“El distrito está jugando a ocultar eso al público”, añadió.
En una declaración, la portavoz de JCPS, Carolyn Callahan, dijo que el distrito “no cree que [la queja de LPM] tenga mérito”. “JCPS cree que ha cumplido con su obligación bajo la Ley de Registros Abiertos y está preparado para defender su posición a través del proceso de litigio”, dijo.
¿Sobre qué enviaban mensajes de texto los funcionarios de JCPS el primer día de clases?
El 10 de agosto de 2023, en el segundo día del año lectivo, LPM solicitó “toda la comunicación y correspondencia relacionada con el transporte estudiantil enviada o recibida por cinco altos funcionarios.
Después de más de un mes de idas y venidas, la abogada de JCPS, Amanda Herzog, respondió que JCPS no tenía ningún registro que respondiera a la solicitud. Cuando LPM cuestionó la respuesta del distrito, Herzog respondió que la solicitud no obtendría, por ejemplo, mensajes de texto enviados a través de dispositivos particulares, llamadas telefónicas o conversaciones en persona, “que generalmente son la forma en que nuestro personal se comunica durante situaciones urgentes en tiempo real. “
LPM intentó evitar el litigio. LPM y sus abogados informaron a Herzog varias veces que una decisión reciente de un tribunal de apelaciones exigía que las agencias públicas entregaran comunicaciones como mensajes de texto, incluso cuando se conservan o transmiten en dispositivos personales. En respuesta, Herzog argumentó que la decisión del tribunal de apelaciones no se aplicaba a las comunicaciones de los “empleados remunerados” de agencias públicas, sino sólo a los “funcionarios del gobierno”.
Abate, quien argumentó y ganó el caso, calificó la interpretación del JCPS como “totalmente errónea”.
Dijo que, aunque el caso involucraba a miembros designados de una comisión, no hay “nada” en el texto o el razonamiento del caso que sugiera que no se aplica a los empleados gubernamentales remunerados. Además, señaló que el derecho del público a ver dichos registros en el futuro puede estar en riesgo.
Abate se ha opuesto activamente al Proyecto de Ley 509 de la Cámara de Representantes, que crearía exenciones para los registros públicos almacenados en teléfonos personales o cuentas de correo electrónico privadas de funcionarios del gobierno.
Semántica
LPM también está demandando por el “análisis hipertécnico” del lenguaje de las solicitudes por parte de JCPS. Por ejemplo, en respuesta a una solicitud de comunicaciones “entre” personas específicas, los abogados de JCPS afirmaron que el uso de la palabra “entre” en lugar de “enviado o recibido por” fue la razón por la que se devolvieron tan pocos correos electrónicos.
Los abogados de LPM se remontan a un caso de 2008 en el que el tribunal dictaminó que una solicitud de registros abiertos “no debería requerir la especificidad y la astucia de un conjunto de solicitudes cuidadosamente elaboradas, para burlar las interpretaciones legalistas restrictivas del gobierno”.
También alegaron que JCPS está aplicando inapropiadamente FERPA , o protecciones federales de privacidad para los registros de los estudiantes, para evitar la información sobre la debacle del transporte escolar.
“Es probable que FERPA no tenga aplicación para los registros solicitados [por la reportera de LPM Jess Clark]”, escriben los abogados de LPM en su denuncia. “Pero incluso si lo hiciera, JCPS estaría obligado a redactar el material exento y publicar el resto”.
Correos electrónicos de AlphaRoute
La solicitud de comunicaciones del 9 y 10 de agosto no son los únicos registros que JCPS se ha mostrado reacio a entregar sobre la crisis de los autobuses.
El medio público también solicitó copias de las comunicaciones por correo electrónico entre ciertos funcionarios de JCPS y cualquier persona con una dirección de correo electrónico en AlphaRoute, la empresa de tecnología que ayudó a diseñar el plan de transporte de JCPS.
Después de casi dos meses, JCPS entregó algunos correos electrónicos, pero LPM sostiene que no es toda la correspondencia entre el distrito y una empresa con la que ha estado haciendo negocios durante varios años.
Herzog dijo que algunos registros fueron retenidos porque eran borradores, notas y correspondencia “preliminares”. Las leyes estatales de registros abiertos crean algunas exenciones para materiales “preliminares”, pero los abogados de LPM dicen que la exención expira una vez que se toma una decisión política final.
No hay mejoras
A medida que el sistema de transporte de JCPS continúa cojeando, el público todavía tiene muy poca comprensión de qué salió mal exactamente con el plan AlphaRoute.
WAVE 3 News informó en diciembre que JCPS había entregado correos electrónicos entre empleados de AlphaRoute y personal de JCPS. Estos mostrarían que AlphaRoute no entregó su plan a JCPS sino hasta un mes antes del inicio de clases.
También demostrarían que el staff de JCPS se basó en la propia justificación de AlphaRoute para utilizar un contrato sin licitación.
La demanda contra JCPS es la segunda en menos de tres meses que LPM presenta contra una agencia del gobierno local que busca registros públicos. La primera es contra el gobierno metropolitano de Louisville.
“Desde hace muchos años… hemos visto a funcionarios públicos y entidades gubernamentales moverse hacia una posición más defensiva hacia la prensa”, dijo el presidente y director ejecutivo de LPM, Stephen George.
“Luchar para que los registros públicos sigan siendo públicos y estén disponibles, no sólo para las organizaciones de noticias, sino para la gente de esta comunidad… esa es una parte clave de lo que hacemos aquí en Louisville Public Media”, añadió George.
La organización de noticias también solicita los honorarios de los abogados y cualquier otra compensación a la que el tribunal considere que tiene derecho LPM.