Por Roberto Roldán | LPM
Ante el llamado del expresidente Donald Trump a realizar deportaciones masivas, legisladores de Kentucky están considerando proyectos de ley que ampliarían la cooperación entre los departamentos de policía locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los legisladores de la Asamblea General de Kentucky buscan frenar a los gobiernos locales que limitan la cooperación entre la policía, las cárceles y las agencias federales de inmigración, incluyendo a Louisville Metro.
Los proyectos de ley de la Cámara 213 y 344 prohibirían lo que sus patrocinadores llaman “políticas santuario”. Estas incluyen directrices que impiden a los empleados del gobierno local y a los departamentos de policía preguntar sobre el estatus migratorio de las personas, así como la participación de oficiales en redadas dirigidas a personas sospechosas de estar en el país sin autorización.
El representante estatal T.J. Roberts, republicano del condado de Boone y uno de los patrocinadores de HB 213, afirmó que su objetivo es “revivir la lucha para prohibir las ciudades santuario en Kentucky”, en línea con el esfuerzo de Trump por deportar a más inmigrantes.
“Si hay incluso una sola ciudad o condado santuario en Kentucky, eso convierte de facto a Kentucky en un estado santuario”, dijo Roberts a LPM News.
El proyecto de ley está dirigido a ciudades y condados de Kentucky que ICE clasificó como jurisdicciones de “cooperación limitada” o “no cooperativas” en un memorando de junio de 2024. Entre ellas están los condados de Jefferson, Scott, Campbell y Franklin.
La legislación también permitiría que las víctimas de delitos violentos o sus familias demanden a los gobiernos locales con políticas santuario si el perpetrador del crimen estaba en el país sin autorización y había sido liberado antes de que ICE pudiera detenerlo.
Propuesta para aumentar la cooperación con ICE
Otro proyecto de ley, patrocinado por el representante estatal republicano Jared Bauman, de Louisville, busca anular políticas locales que limitan la aplicación de las leyes de inmigración.
El HB 344 requeriría que ciudades y condados establezcan acuerdos con ICE para detener a personas sospechosas de estar en el país sin autorización. También permitiría que víctimas de delitos demanden a gobiernos locales y amenaza con retirar fondos estatales para carreteras a ciudades y condados que no cumplan con la normativa.
Bauman afirmó en un comunicado que HB 344 es “la promesa de nuestro estado de hacer cumplir la ley federal y de apoyar a las agencias federales de aplicación de la ley”.
“Sobre todo, estamos comprometidos a respaldar a las agencias federales mientras persiguen a inmigrantes ilegales que han cometido delitos violentos contra ciudadanos inocentes de Kentucky y representan una amenaza activa para nuestras comunidades”, afirmó.
La administración de Trump ha justificado sus medidas de inmigración con el argumento de que busca deportar a criminales violentos. Sin embargo, un análisis reciente de NBC News arrojó dudas sobre esa afirmación, al encontrar que casi la mitad de las personas detenidas por ICE el 26 de enero no tenían antecedentes penales.
Debate sobre el estatus de Louisville
Las autoridades de Louisville Metro aseguran que la política implementada en 2017 para regular la cooperación del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) con agentes de inmigración no convierte a la ciudad en un santuario.
Los opositores a los proyectos de ley temen que el aumento de la cooperación con ICE genere más confusión y miedo en las comunidades de inmigrantes y refugiados de Kentucky.
Este debate no es nuevo. En 2017, el Concejo Metropolitano de Louisville aprobó una ordenanza con directrices sobre la colaboración de la policía local con la aplicación de leyes de inmigración.
El concejal demócrata Brandon Coan, de la Zona 8, fue el principal patrocinador de la medida.
“Su propósito principal es dejar en claro que la policía local está separada de la aplicación de las leyes federales de inmigración civil”, dijo Coan en una reunión el 26 de octubre de 2017.
La ordenanza, aprobada con 16 votos a favor y siete en contra, impide que el LMPD participe en redadas de ICE a menos que haya una amenaza de violencia. También prohíbe que los agentes detengan a personas por estar en el país sin autorización, salvo que ICE tenga una orden de arresto criminal. Además, aclara que los empleados de la ciudad no pueden preguntar sobre el estatus migratorio de los residentes a menos que sea necesario para acceder a un servicio o recurso.
La medida fue una respuesta a la represión migratoria de Trump en su primer mandato y a un informe del Kentucky Center for Investigative Reporting que reveló la colaboración del LMPD con ICE en numerosos arrestos, lo que generó indignación en grupos defensores de los inmigrantes.
El concejal demócrata Rick Blackwell, de distrito 12, expresó su preocupación de que la política de inmigración de Trump hiciera que los inmigrantes temieran denunciar delitos o enviar a sus hijos a la escuela.
“Queremos que todos en nuestra comunidad se sientan cómodos, participen y sean buenos ciudadanos”, dijo Blackwell.
En aquel entonces, los defensores de la ordenanza insistieron en que no convertía a Louisville en una ciudad santuario. Una revisión del Departamento de Justicia de Trump en 2018 confirmó esa postura.
Posibles cambios con la nueva legislación
El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, reafirmó la semana pasada que la ciudad no es un santuario y enfatizó la necesidad de enfocarse en combatir el crimen violento.
“Queremos que LMPD se concentre en prevenir delitos violentos en nuestra ciudad, y esa seguirá siendo su política, como lo ha sido desde 2018”, afirmó.
Si se aprueban, los proyectos de ley HB 213 y HB 344 harían que la ordenanza de 2017 en Louisville sea ilegal.
HB 213 define las políticas santuario de manera amplia, prohibiendo cualquier restricción a la cooperación entre la policía local e ICE. La ley anularía las normas de Louisville que impiden a empleados públicos, incluyendo policías, preguntar sobre el estatus migratorio de las personas y evitar que la policía participe en redadas de ICE si no hay una amenaza de seguridad.
Ambos proyectos de ley también exigirían que la policía local y las cárceles cumplan con las “órdenes de detención migratoria” de ICE, que solicitan retener a personas sospechosas de estar en el país sin autorización por hasta 48 horas. Actualmente, el LMPD no detiene ni transporta personas con órdenes de detención civil o administrativa de inmigración, actuando solo si existe una orden penal.
HB 344 va más allá al exigir que todos los gobiernos locales de Kentucky busquen acuerdos de cooperación por escrito con ICE.
Preocupaciones sobre el impacto en comunidades migrantes
La representante estatal demócrata Nima Kulkarni, abogada de inmigración en Louisville, se opone a ambos proyectos de ley.
Kulkarni afirmó que la ordenanza de Louisville no impide la cooperación con agencias federales, sino que exige que haya una razón legal y legítima para la participación del LMPD.
También advirtió que una mayor cooperación con ICE podría exponer a los gobiernos locales a demandas si arrestan a la persona equivocada o detienen a alguien más tiempo del permitido.
Además, señaló que los inmigrantes contribuyen a la economía del estado y que sectores clave como la industria del bourbon, la hospitalidad y el turismo dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Kentucky planea oponerse a ambos proyectos de ley en la Asamblea General.
Amber Duke, directora ejecutiva de la ACLU en el estado, advirtió que la retórica de Trump ya ha creado un “clima de miedo” en las comunidades migrantes y que aumentar la cooperación con ICE podría afectar la confianza entre la policía y la comunidad, especialmente en Louisville, donde el LMPD sigue lidiando con las consecuencias del caso de Breonna Taylor en 2020.
Este artículo es posible gracias a la colaboración entre alDía en América y Louisville Public Media. Sepa más en el 89.3 FM.