Según datos recientes de la Liga de Mujeres Votantes de Kentucky, a más de 153.000 habitantes de Kentucky todavía se les niega el derecho a votar debido a una condena por un delito grave en el pasado.
Más de 191.000 habitantes de Kentucky recuperaron el derecho a votar gracias a la orden ejecutiva de 2019 del gobernador Andy Beshear , pero el informe concluyó que la Mancomunidad de Kentucky privó del derecho a votar a más del 4,5% de su población con derecho a voto en las elecciones presidenciales del año pasado.
Tip Moody, miembro de la Liga de Mujeres Votantes de Kentucky, dijo que el estado está experimentando una tendencia preocupante. “Ahora somos el número cuatro en el país”, señaló Moody. “Estamos peor en nuestro porcentaje de ciudadanos privados de sus derechos que hace dos años”.
Entre abril de 2020 y el 2 de enero pasado, el Departamento de Correcciones de Kentucky examinó y remitió 815 peticiones individuales solicitando un indulto parcial a la Oficina del Gobernador. Hasta ahora, durante su mandato, Beshear ha concedido 114 indultos.
Becky Jones, vicepresidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Kentucky, dijo que el estado se ha quedado atrás en la cuestión de la restauración del derecho al voto porque no ha sido una prioridad entre los legisladores.
“Creo que podría ser una prioridad para los legisladores si el público empezara a presionarlos para hacerles entender lo importante que es para ellos”, observó Jones. “Estamos hablando de cientos de miles de personas que se han visto afectadas”.
Kentucky es uno de los tres únicos estados del país que privan del derecho al voto a un ciudadano que ha cometido un delito grave para el resto de su vida.
Moody explicó que recuperó su derecho al voto, pero señaló que el camino para la mayoría de los demás residentes es una batalla cuesta arriba.
“La gente como yo, independientemente de lo que haya en nuestro pasado y lo que estemos haciendo en nuestro presente, todavía hay un estigma asociado con eso y hay una falta de valor”, añadió Moody.
El informe mostró que casi 2.000 habitantes de Kentucky con condenas por delitos graves vieron extendidas sus sentencias el año pasado porque no podían pagar lo que el tribunal les ordenó pagar, lo que creó una barrera adicional para tener los medios para comenzar el proceso de restauración del derecho al voto.