Louisville, Ky. — El lunes y martes de esta semana se convirtieron en una pesadilla para la comunidad latina de Louisville, debido a la gran cantidad de mensajes de alerta que se regaron por las redes sociales por supuestos arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diferentes puntos de la ciudad.
Varias personas aseguraron que algunos de sus vecinos fueron arrestados. Otros enviaron y publicaron videos cortos sobre detenciones que se habrían llevado a cabo, especialmente, al sur de la ciudad, en los sectores de la Dixie Hwy, Fern Valley y Billtown Rd.
Aunque al cierre de esta edición las autoridades no confirmaron las redadas, cerca de 30 personas de origen hispano fueron ingresadas al Centro de Detención de Oldham entre el 10 y 11 de marzo, de acuerdo con la base de datos pública de este reclusorio, el cual forma parte de los registrados por el ICE en Kentucky.
En la casilla que señala el motivo del arresto se indica: “por violaciones migratorias”.
Al Día en América intentó comunicarse con la oficina de comunicaciones de ICE y del Centro de Detención en Oldham, sin obtener respuesta.
Las detenciones de esta semana ocurren tras la decisión de varias oficinas del alguacil, de varios condados de Kentucky, de cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bajo el controversial programa 287(g), que, básicamente, pone a los agentes locales a trabajar directamente con el ICE.
Defensores de derechos de los inmigrantes temen un enfoque más agresivo en la aplicación de las leyes de inmigración en la región. Si se confirma la aplicación del programa 287 (g), los condados de Kentucky —tradicionalmente más neutrales— se sumarían a una tendencia nacional de la colaboración entre los alguaciles locales y las autoridades federales de inmigración, una medida impulsada por la administración de Dondald Trump en su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados.
A principios de esta semana, una investigación del Centro de Periodismo de Investigación de Kentucky (KyCIR) reveló que algunas oficinas del alguacil del estado han firmado acuerdos formales con ICE o han mostrado disposición para ayudar a los federales en la detención y deportación de inmigrantes. Las últimas detenciones en los condados de Jefferson y Oldham podría ser parte de ese mismo programa.
Varios residentes hispanos se han quejado de la ola de arrestos y de cómo estos se ejecutan, pues consideran que ha sido desproporcionados y crean un ambiente de miedo. “Los arrestan mientras iban a trabajar, no estaban cometiendo crímenes”, se queja una vecina de Louisville, quien no quiso dar su nombre por seguridad.
Mientras tanto, las organizaciones que trabajan en temas de migración y refugiados continúan con el esfuerzo de orientar a la comunidad sobre qué hacer en el caso de ser abordados por los agentes o en situaciones más extremas como la separación de familias.
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