Una operación de control migratorio a gran escala llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), con aparente apoyo de la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP), resultó en la detención de aproximadamente 100 personas en Nashville durante la madrugada del domingo 4 de mayo de 2025.
Informes de tácticas de aplicación perturbadoras
Según la representante estatal Aftyn Behn (D-Nashville), testigos describieron numerosos retenes de tráfico donde se detuvo a conductores, incluidas madres que se dirigían al trabajo, en ocasiones dejando a niños sin supervisión dentro de los vehículos. Fotos, videos y testimonios directos sugieren un esfuerzo coordinado entre ICE y patrulleros estatales, lo que defensores han calificado como una redada indiscriminada.
En imágenes de una fotógrafa local, quedó grabado como autobuses transportan a los detenidos desde una instalación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Nashville, donde familiares se reunieron para protestar por los arrestos.
Declaraciones oficiales y reacción comunitaria
Según medios locales la directora de la Oficina de Campo de ICE en Nueva Orleans, Mellissa Harper, no confirmó directamente la operación en Nashville, pero declaró: “ICE prioriza la seguridad pública enfocando su aplicación en individuos que representen una amenaza para la seguridad nacional o el bienestar comunitario.”
No obstante, críticos sostienen que las redadas se dirigieron a trabajadores y familias comunes. Lisa Sherman Luna, de la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), calificó la operación como “un abuso cruel de poder que fractura familias y socava la confianza en las autoridades.”
En la conferencia de prensa convocada por el grupo TIRRC, Luna subrayó que ICE y la patrulla estatal de carreteras y el gobernador. están secuestrando a nuestra gente basándoselas solo en el color de nuestra piel. Es un ejemplo de crueldad.

Recibimos cerca de 700 llamadas de personas quejándose sobre inmigración, luego de los operativos coordinados que se llevaron a cabo en varios condados, explicó Luna.
Ingrid Martínez una de las familiares afectadas, dijo a través de una nota escrita, que lo que ha pasado es una tragedia para las familias y comunidades.
A través de la coalición se recolectaron fondos para asistir aquellos que ahora atraviesan procesos de deportación.
El alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, expresó su preocupación en redes sociales, diciendo: “Estas acciones generan miedo en lugar de seguridad. Exigimos transparencia sobre los detenidos.”











Contexto político más amplio
La redada ocurre tras una ofensiva legislativa agresiva en Tennessee contra la inmigración indocumentada, que incluye:
- Una ley de enero de 2025 que establece una oficina estatal de control migratorio para colaborar con autoridades federales.
- Incentivos para que agencias locales se unan al programa federal 287(g), que autoriza a la policía a hacer cumplir leyes migratorias.
- Una medida polémica que penaliza a iglesias y organizaciones sin fines de lucro por ayudar a personas indocumentadas que luego sean acusadas de delitos.
El gobernador Bill Lee se ha alineado abiertamente con la agenda migratoria del expresidente Trump, prometiendo “colaborar en una aplicación rigurosa.”
Desarrollos en curso
El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville confirmó que no participó en los arrestos, pero sí monitoreó las protestas frente a la instalación del DHS. THP aún no ha emitido comentarios.
Puntos clave:
- 84 detenidos en lo que defensores califican como una redada amplia e indiscriminada.
- Colaboración estatal-federal bajo escrutinio mientras ICE y THP enfrentan acusaciones de extralimitación.
- Leyes estrictas de Tennessee intensifican las tensiones en medio de debates nacionales sobre la aplicación migratoria.
Por qué esto importa
La redada pone de manifiesto las crecientes tensiones entre las autoridades estatales/federales y las comunidades inmigrantes, con implicaciones legales y humanitarias para la diversa población de Nashville. Los defensores advierten que este tipo de operaciones podría disuadir la denuncia de delitos y profundizar las divisiones sociales.
