La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy que iniciará el proceso para desestimar las demandas federales presentadas en año pasado contra los departamentos de policía de Louisville, Kentucky, y Minneapolis, Minnesota.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ) difundido este miércoles, estas demandas fueron interpuestas durante la administración de Joe Biden, al considerar que ambos departamentos debían ser investigados por prácticas policiales inconstitucionales y excesos en sus procedimientos.
Esto provocó que la Policía de Louisville (LMPD) suscriba con el DOJ un decreto de consentimiento, que la obligaba a llevar a cabo reformas que incluyan el respeto a los derechos humanos, el seguimiento del debido proceso legal y el cumplimiento de protocolos para evitar la violencia de los uniformados en casos en que no se requiere la fuerza ni las armas.
Un caso de resonancia nacional que dio pie a este decreto fue el asesinato de Breonna Taylor en 2020, en medio de un operativo policial lleno de inconsistencias.
Sin embargo, ahora, cuando Donald Trump lleva cuatro meses en el gobierno, el DOJ cambió su posición. En su comunicado, sostiene que “dichas acusaciones se basaban en metodologías defectuosas, datos incompletos y una interpretación errónea de las disparidades estadísticas como discriminación intencional”.
Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, señala que “los decretos de consentimiento policiales excesivamente amplios despojan del control policial local a las comunidades donde corresponde, transfiriendo ese poder a burócratas no electos e irresponsables, a menudo con una agenda antipolicial. Hoy ponemos fin al fallido experimento de la administración Biden”.
Además de cerrar las investigaciones contra Louisville y Minneapolis, la División también pondrá fin a procesos similares en Penix, Arizona; Trenton, New Jersey; Memphis, Tennessee; Mount Vernon, New York; Oklahoma City, Oklahoma; y Louisiana State Police.
Reacción en Louisville
El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, quen había apoyado el decreto de consentimiento, dijo esta mañana que el Departamento de Justicia le informó de esta decisión.
“Si bien no es lo que habíamos esperado”, indicó, la notificación del DOJ “significa que el caso quedará definitivamente cerrado”.
Como alternativa, Greenberg anunció junto al jefe la Policía de Louisville, Paul Humphrey, que se llevará a cabo un proyecto para que las reformas que ya se venían trabajando continúen en beneficio de la comunidad.
Para que este proyecto, llamado “Compromiso comunitario” se concrete se debe designar un veedor externo, con el fin de que haga un seguimiento independiente de los objetivos propuestos.