El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, anunció ayer que la ciudad comenzará nuevamente a acatar las órdenes de detención migratoria de 48 horas para ciertos reclusos, con el objetivo de salir de la lista de “ciudades santuario” elaborada por el gobierno federal.

Las “ciudades santuario” son jurisdicciones donde las autoridades locales limitan su colaboración con las agencias federales de inmigración. Su objetivo es proteger a los inmigrantes y priorizar la seguridad pública sin enfocarse en el estatus migratorio.

En una declaración pública, el alcalde explicó que esta decisión responde a una carta enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), en la que se acusa a Louisville de violar la ley federal por no retener a inmigrantes indocumentados ni acatar las boletas de agencias de migración, incluyendo las emitidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En su carta de junio pasado, el DOJ sostuvo que una ordenanza de 2017 “obstruye operaciones migratorias federales legales y, por lo tanto, viola la Constitución de los EE. UU.”. Añadió que “por ejemplo, el Departamento de Correcciones de Louisville está liberando a extranjeros criminales y a personas acusadas de delitos…, a pesar de estar sujetos a órdenes de detención migratoria federales. La aplicación de la ordenanza debe cesar para que Louisville cumpla con la ley federal”.

Ante esa exigencia del gobierno de Trump, el alcalde demócrata explicó su decisióm. “Estoy comprometido con la seguridad pública y con la protección de toda nuestra comunidad, incluyendo a nuestros inmigrantes”, afirmó. “Pero también tengo la responsabilidad de evitar consecuencias severas, como redadas masivas de ICE o la pérdida de fondos federales”.

Según datos de las autoridades locales, menos de 100 personas al año serían afectadas por la medida. Actualmente, cuando un recluso es ingresado en la cárcel de la ciudad, sus datos se comparten automáticamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Si se detecta una orden de detención, se notifica al DHS entre 5 y 12 horas antes de la liberación del recluso. Antes de 2017, se brindaba una notificación con 48 horas de anticipación, práctica que ahora se retomará.

No obstante, el alcalde dijo que esta política no implicaría ningún cambio en las prácticas del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD), que no participa en la aplicación de leyes migratorias federales. “Nuestros oficiales seguirán enfocados en la seguridad pública y la prevención del crimen violento”, recalcó.

Críticas y reacciones

Representantes de la comunidad inmigrante local fueron consultados antes de tomar esta decisión, aseguró Greenberg. “Escuché sus preocupaciones y muchos expresaron su deseo de que Louisville salga de la lista de ciudades santuario para evitar mayores riesgos”.

Sin embargo, no hay unanimidad entre los líderes de las organizaciones de inmigrantes. La representante de ACLU-Kentucky dijo en un comunicado que “esta medida no solo socava la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden locales, sino que también exacerbará aún más los problemas de hacinamiento y falta de personal en el Departamento Correccional del Metro de Louisville que han provocado más de 20 muertes en los últimos tres años”.

Agregó que Louisville ahora se está alineando con la administración de Trump; es decir con “políticas que han llevado a un mayor miedo, deportaciones masivas e inestabilidad en ciudades de todo el país”.

La fiscal general, Pamela Bondi, una de las figuras más activas en la arremetida contra los inmigrantes en todo el país, destacó la decisión del alcalde. “En una importante victoria para el Departamento de Justicia, la ciudad de Louisville está abandonando sus políticas de ciudad santuario como resultado de una fuerte advertencia escrita de mi oficina”, señaló la red social X. Y añadió: “esto debería servir de ejemplo a otras ciudades. En lugar de obligarnos a demandarlos —cosa que haremos sin dudarlo—, cumplan la ley, eliminen las políticas de santuario y colaboren con nosotros para solucionar la crisis de inmigración ilegal”.

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