Por Al Día en América
Louisville, KY – Un escándalo por un presunto fraude en la emisión de licencias de conducir en Kentucky está provocando repercusiones legales y políticas, con una demanda de la denunciante, una investigación legislativa en marcha y la confirmación del Gabinete de Transporte de Kentucky (KYTC) de que ha revocado casi 2,000 credenciales debido a “irregularidades” detectadas.
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La denunciante, Melissa Moorman, exempleada del centro de licencias del Nia Center en Louisville —contratada a través de la empresa temporal Quantum Solutions—, asegura que durante al menos dos años se emitieron licencias de conducir estatales a personas indocumentadas a cambio de sobornos en efectivo de 200 dólares “por debajo de la mesa”. Afirma que esta práctica ocurría “cuatro o cinco veces al día” en varias sucursales del estado.
Según su relato, el esquema era facilitado por empleados que, por orden de su supervisora, utilizaban su cuenta de acceso para eludir las verificaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Los solicitantes presentaban documentos falsificados, como tarjetas del Seguro Social y certificados de nacimiento.
En octubre de 2024, Moorman y su supervisora enviaron una carta al KYTC alertando del fraude. Tres meses después, en enero de 2025, Moorman fue despedida abruptamente, el mismo día que un detective se presentó en su trabajo para interrogarla, lo que su abogado interpreta como represalia directa por su denuncia.
Investigación legislativa en curso
Tras la publicación del caso, legisladores —incluido el representante republicano y House Majority Whip, Jason Nemes— anunciaron que impulsarán una investigación formal desde el comité de supervisión y solicitarán al Fiscal General abrir una pesquisa penal.
“Necesitamos saber quién sabía qué, cuándo lo supo y qué acciones se tomaron”, declaró Nemes.
Registros públicos obtenidos por WDRB revelan que el KYTC envió 1,546 cartas de revocación a conductores advirtiendo que sus licencias eran inválidas y podrían acarrear repercusiones penales si no las devolvían. Además, el organismo admitió que retiene 2,300 documentos relacionados con el caso, los cuales no ha divulgado por estar vinculados a investigaciones en curso.
Declaración oficial del KYTC
En respuesta a Al Día en América, el KYTC afirmó que garantizar la integridad de las identificaciones emitidas por el estado “es una prioridad alta” y que “cualquier irregularidad se investiga seriamente”. Según la agencia, durante revisiones rutinarias se identificaron irregularidades que llevaron a la revocación de 1,985 credenciales, notificando de inmediato a las autoridades.
“Todos los empleados involucrados habían sido contratados a través de una agencia temporal y han sido despedidos”, indicó el comunicado, agregando que la investigación involucra a la Policía Estatal de Kentucky, la Oficina del Fiscal General y fiscales federales.
“Las demandas presentadas por denunciantes contienen acusaciones —no hechos comprobados— que deben ser investigadas y evaluadas por las autoridades competentes”, señaló el KYTC, asegurando que algunas afirmaciones “no son verídicas”.
La defensa de la denunciante
El abogado de Moorman, Adams Landenwich, del Justice Center, criticó que su clienta haya sido despedida después de denunciar las irregularidades:
“En lugar de ser castigada, debería ser reconocida por su valentía al exponer un fraude que ponía en riesgo la seguridad y la integridad de un sistema público”, afirmó.
Landenwich presentó en abril una demanda formal en nombre de Moorman, argumentando que su despido violó las leyes de protección a denunciantes (whistleblowers) y que la represalia busca intimidar a otros empleados que puedan reportar irregularidades.
Contexto legal y social
En Kentucky, los no ciudadanos solo pueden obtener una licencia de conducir estándar si demuestran su presencia y residencia legal en EE.UU., y si sus datos son verificados en bases federales. La abogada de inmigración Adienne Trivedi explicó que los solicitantes sin estatus legal “están en situación vulnerable” y que, para algunos, “tener licencia puede significar la diferencia entre llegar seguros a casa o no, por lo que a veces vale la pena pagar una cantidad relativamente pequeña”.
La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas semanas se presenten citaciones legislativas para obtener más documentos del KYTC, mientras el caso avanza en los tribunales.