Buscan agilizar fondos y priorizar a comunidades rurales en proyecto de ley bipartidista
Por Nadia Ramlagan
Washington, D.C. – Líderes comunitarios de la región de los Apalaches instaron este miércoles al Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes de EE. UU. a dar un paso decisivo en la aprobación de la Ley para Reparar la Gestión de Emergencias para los Estadounidenses(Fixing Emergency Management for Americans Act), una iniciativa bipartidista que busca transformar el sistema de recuperación ante desastres.
La legislación propone reformas sustanciales a la financiación de la asistencia pública, actualmente basada en un sistema de reembolsos que, según los defensores, perjudica a las comunidades más vulnerables.
En declaraciones a la prensa, Rebecca Shelton, directora de políticas del Centro Legal de Ciudadanos de los Apalaches, enfatizó que la medida es crucial para que hogares y pequeñas empresas en zonas rurales se recuperen con mayor celeridad tras eventos climáticos extremos.
“Este proyecto de ley no solo agilizará los procesos de recuperación, sino que reinstaurará un programa vital para invertir en proyectos de mitigación que nos preparen para el futuro”, explicó Shelton.
El llamado de atención cobra especial relevancia para estados como Kentucky, que, de acuerdo con datos federales, ha sufrido en los últimos cinco años numerosos desastres—incluyendo tornados, inundaciones históricas y tormentas invernales—con un coste económico que asciende a miles de millones de dólares. Tan solo el año pasado, FEMA desembolsó casi 4 millones de dólares en ayuda directa para hogares en el estado.
Cambio de fondo: de reembolsos a subvenciones por adelantado
El punto neurálgico de la reforma es el cambio en el mecanismo de financiación. Actualmente, FEMA opera mediante reembolsos, lo que obliga a los municipios y familias a pagar los gastos de primera respuesta de su propio bolsillo y esperar a que el gobierno federal les devuelva el dinero—una situación insostenible para comunidades con bajos niveles de ingresos.
La nueva ley eliminaría esa barrera, sustituyéndola por un sistema de subvenciones por adelantado. “Bajo la nueva norma, los afectados solo tendrían que presentar presupuestos de un contratista calificado para recibir inmediatamente una subvención y comenzar las reparaciones”, detalló Shelton.
Demandas adicionales
Los grupos defensores de la ley también abogan por:
- Permitir el uso de fondos de FEMA para reparaciones permanentes de caminos y puentes privados que restauren el acceso residencial.
- Agilizar las reparaciones de viviendas ocupadas por inquilinos, un grupo tradicionalmente desatendido, especialmente en áreas rurales con escasa oferta de alquiler.
- Incluir en la ley un lenguaje de preferencia local que priorice la contratación de mano de obra y empresas de la zona en las labores de reconstrucción, impulsando así la economía de las comunidades afectadas.
El proyecto de ley se perfila como una prueba crucial de la capacidad del Congreso para responder a la creciente frecuencia e intensidad de los desastres climáticos, especialmente en las regiones más desprotegidas del país.