Por Terri Dee, 2026. Algunas comunidades de Indiana enfrentan riesgos ambientales vinculados al cambio climático, y un psicólogo clínico con licencia afirmó que las consecuencias pueden ir más allá de la salud física.
El gobernador Mike Braun firmó una orden ejecutiva en 2025 que prohíbe a las agencias estatales usar la justicia ambiental como factor determinante en decisiones sobre permisos, cumplimiento normativo o subvenciones.
Derrick Sebree, terapeuta y director del programa de maestría en la Escuela de Psicología de Michigan, sostuvo que esta política deja a las comunidades vulnerables en mayor riesgo. Sebree señaló que el cambio climático puede generar peligros más allá del entorno físico inmediato.
“Por ejemplo, el calor extremo tiende a exacerbar las emergencias de salud mental y afecta a las personas que toman medicamentos antidepresivos debido a la dificultad del cuerpo para regular la temperatura”, explicó Sebree.
Sebree destacó que el cambio climático incide en los determinantes sociales de la salud y añadió que los problemas de infraestructura climática en las grandes ciudades son resultado del racismo sistémico. La contaminación industrial y el suelo contaminado con plomo se encuentran mayoritariamente en vecindarios de bajos ingresos y minorías en Gary, Hammond, East Chicago e Indianápolis.
Sebree reconoció que algunas comunidades de primera línea no cuentan con los recursos para el activismo o la defensa de sus derechos, por lo que es fundamental apoyar los esfuerzos de base.
“Creo que algo muy importante es la relevancia de crear soluciones más sostenibles y orientadas a la justicia para este tipo de injusticias y vacíos en la atención, así como en la salud pública”, enfatizó.
El Consejo Ambiental de Hoosier y el Programa de Justicia Ambiental y Climática de la NAACP de Indiana se encuentran entre las organizaciones estatales que abordan los desafíos de la contaminación en comunidades de bajos ingresos. La orden de Braun establece que las decisiones estatales deben centrarse en proteger la salud pública, los recursos naturales y el crecimiento económico, sin favorecer ni perjudicar a ningún grupo por motivos de raza, etnia u otros criterios sociales.