LOUISVILLE, Kentucky. — Cerca de 50 personas fueron arrestadas y 160 armas de fuego quedaron fuera de circulación como resultado de una operación contra la violencia y el tráfico de drogas desarrollada durante aproximadamente dos meses en Louisville, informaron autoridades federales.
La iniciativa, denominada “Operation Silent Hammer”, estuvo encabezada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Además LMPD y la Policía de Shively, la DEA, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Policía Estatal de Kentucky, la Policía de Jeffersontown, la Procuraduría General de Kentucky y las fiscalías federal y del condado Jefferson, entre otras dependencias participaron en la operación.
La investigación se concentró principalmente en los vecindarios Russell y Park DuValle, seleccionados mediante un análisis de datos sobre delitos violentos. Agentes encubiertos realizaron compras controladas de armas durante aproximadamente 100 encuentros.
“Primero, construir casos criminales contra las personas que impulsan la violencia en Louisville. Segundo, y de igual importancia, sacar de las manos de delincuentes violentos la mayor cantidad posible de armas”, explicó el fiscal federal Kyle Bumgarner.
Entre las 160 armas confiscadas, por lo menos 12 habían sido reportadas como robadas. Varias habían sido modificadas ilegalmente y algunas fueron vinculadas previamente con delitos violentos, según las autoridades.
El operativo también permitió confiscar 42 dispositivos de conversión, conocidos como switches, capaces de transformar pistolas semiautomáticas en armas automáticas.
Además, los investigadores decomisaron más de 20 libras de drogas ilegales, principalmente fentanilo y metanfetamina.
Según Bumgarner, los 52 acusados acumulan en conjunto más de 200 condenas anteriores por delitos graves, incluidas 14 relacionadas con homicidios. Las autoridades también indicaron que varios de los señalados tienen presuntos vínculos con pandillas.
“Estas personas no son nuevas en el sistema de justicia”, declaró John Nokes, agente especial a cargo de la División de la ATF en Louisville.
Las autoridades señalaron que la investigación forma parte de una estrategia más amplia para combatir el tráfico de armas, drogas y delitos violentos.
Las acusaciones son alegaciones formales y no constituyen prueba de culpabilidad. Todos los acusados se presumen inocentes mientras no sean declarados culpables en un tribunal.