Por Terri Dee, octubre 2026
Circula desinformación en Indiana sobre si las personas con causas penales pueden votar en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
La ley de Indiana restaura automáticamente el derecho de un exdelincuente a emitir su voto al salir de prisión y exige que se vuelva a registrar 29 días antes de una elección. Pero las leyes de otros cuatro estados niegan el derecho al voto a menos que se salden las obligaciones financieras legales pendientes. La mayoría de las mujeres encarceladas son madres, según el informe del Sentencing Project ‘Women Silenced at the Polls’.
Kristen Budd, analista de investigación sénior del proyecto, dijo que enfrentan dificultades económicas y laborales mientras se esfuerzan por mantener a sus familias.
‘La prioridad es la vivienda, la comida, el cuidado de los hijos’, observó Budd. ‘Ahora tenemos una penalización por pobreza porque alguien tiene bajos ingresos y lucha por recuperarse tras el encarcelamiento. Esencialmente tienen que pagar para recuperar sus derechos de voto’
Las obligaciones monetarias para recuperar los derechos de voto incluyen el pago de multas judiciales y costos de abogados, a menudo con recargos por mora, explicó Budd. La restitución ordenada por un juez, que es el dinero que un exdelincuente debe a una víctima que sufrió pérdidas financieras debido a su delito, coloca otro obstáculo para emitir un voto. Según el Sentencing Project, Alabama, Arizona, Florida y Tennessee niegan el derecho al voto a los exdelincuentes con saldos impagos.
Budd sostuvo que la eliminación de los derechos de voto hace que sea ‘excepcionalmente inestable’ para los delincuentes, que a menudo carecen de acceso a información sobre las leyes de voto y sus revisiones mientras están tras las rejas. Añadió que muchos estados tienen una larga historia de vincular los derechos de voto a condenas penales de base racial para ‘excluir’ a las personas de color del electorado y reducir su poder político.
‘Vemos un encarcelamiento desproporcionado de personas de color, de mujeres de color, y lo que eso hace esencialmente es inclinar la ficha de dominó para que también se vea un número desproporcionado de personas de color excluidas del voto debido a esas condenas por delitos graves’, afirmó Budd.
Los derechos de voto de un exdelincuente dependen de las acciones históricas de cada estado en particular, señaló Budd. Algunos territorios obedecen la Constitución de EE.UU. mientras que otros siguen sus respectivas leyes estatales. Una solución para cambiar la legislación, sugirió, es formar esfuerzos de incidencia y organizar coaliciones para garantizar que todos puedan emitir su voto